políticas contra el desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado como problema de política pública

El problema del desplazamiento forzado por razones de violencia se convirtió en una de las principales manifestaciones de la crisis humanitaria que enfrenta la sociedad colombiana en medio de diversas modalidades del conflicto social y, particularmente, en medio de un conflicto armado interno cuyo escalamiento progresivo tiende a privilegiar dinámicas de confrontación violenta y agresión a la población civil. La magnitud de semejan te problemática pone en entredicho la capacidad de las instituciones estatales constituidas para proteger los derechos individuales y colectivos de las personas y reclama de la sociedad colombiana en su conjunto la construcción de alternativas de vida digna para aquellas poblaciones golpeadas por la violencia, pero, más profundamente, de soluciones de paz política que permitan intervenir las causas y manifestaciones estructurales de crisis humanitaria.En el caso colombiano son diversos los factores que han conducido al reconocimiento oficial del problema del desplazamiento forzado por las autoridades y, en consecuencia, a la creación de nuevos espacios de intervención institucional. En primer lugar, las dinámicas de desplazamiento masivo que evidencian la precaria capacidad del Estado para actuar sobre las causas que las originan; en segundo lugar, la creciente reivindicación de sus derechos por las poblaciones desplazadas y la denuncia permanente de las organizaciones e instituciones de derechos humanos y, en tercer lugar, la fuerte observación internacional sobre la violación de los derechos humanos en Colombia y la presencia institucional internacional.

Las politicas dentro del dezplazamiento forzado estan:

El Congreso de la República, como fuente legislativa y como espacio de representación política y de prácticas de control político.

El Gobierno nacional, por su parte, tiene mayores niveles de acción ejecutiva y de responsabilidad frente al problema del desplazamiento por la diversidad y la complejidad de recursos y espacios de intervención que tiene a su cargo.

Las instituciones de gobierno territorial. Si bien los temas relativos al orden público son materia de decisión del Gobierno nacional, las entidades territoriales, como dimensiones del poder ejecutivo y como expresiones de la autonomía territorial y política que se deriva de su condición constitucional.

los organismos de control y promoción de los derechos humanos tienen un extenso ámbito de intervención asociado a la protección y promoción de los derechos humanos.

La política judicial, asociada a la problemática del desplazamiento forzado, se relaciona ante todo con el papel del sistema judicial frente a las situaciones de desplazamiento y, por tanto, con las situaciones de justicia o impunidad.